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Actualmente, el Real Decreto 56/2016 obliga a las empresas a realizar una auditoría energética cada cuatro años, tanto por el ahorro como por la necesidad de realizar la transición hacia un consumo más sostenible. Esta auditoría supone una inversión que, en principio, muchos la realizan con el fin de cumplir con la legalidad. No obstante, el estudio del consumo energético de cualquier organización incluye también una sección de “propuestas de mejora”, que podrían implantarse para ahorrar en el consumo y, por consiguiente en la factura eléctrica. Aunque estas propuestas no son de obligatoria implantación, sí que podrían reducir el consumo de energía de la empresa y supondrían un importante ahorro.